El presidente Néstor Kirchner ordenó en el mediodía del Lunes pasado intervenir el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) para alcanzar "un preciso esclarecimiento" sobre la participación del organismo en el escándalo de corrupción que involucra a la firma sueca Skanska y salpica al Gobierno.
La intervención estará a cargo del vicejefe de Gabinete, Juan Carlos Pezoa, quien tendrá una duración de 180 días "prorrogables" y fue adoptada para que "si bien de los informes de gestión no surgen anomalías" se "facilite la investigación y revise" la actuación del organismo.
En este sentido, los diputados Adrián Pérez (ARI) y Esteban Bullrich (PRO) rechazaron ese mismo día la intervención que dispuso el Gobierno en el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) y anticiparon que pedirán en la Cámara baja la nulidad del decreto "ni bien se publique".
Para Pérez y Bullrich la intervención anunciada hoy por el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, "es una decisión arbitraria que no resuelve la cuestión de fondo" y sostuvieron que si el Poder Ejecutivo "quiere enfrentar la corrupción en serio, tiene que nombrar una persona con antecedentes técnicos y profesionales en la materia, mediante concurso de selección".
En declaraciones conjuntas difundidas en la Cámara baja, los diputados indicaron que "reemplazar a Fulvio Madaro y su directorio por otros funcionarios designados a dedo, sin capacidad técnica en la materia, sólo sirve para perpetuar el actual esquema de corrupción y descontrol en el ENARGAS".
Por ello, señalan que el ENARGAS debe ser dirigido y administrado por "un directorio de cinco miembros con antecedentes técnicos y profesionales en la materia, quienes son designados por el Poder Ejecutivo nacional de entre un grupo de personas preseleccionadas por la Secretaría de Energía a través de un concurso de selección".
Recordaron además Pérez y Bullrich que el Congreso debe emitir opinión sobre las designaciones antes de que éstas se efectivicen.
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La cúpula kirchnerista de la Cámara de Diputados presentó el lunes pasado un polémico proyecto de ley que -según la oposición y una ONG- vulneraba el precepto constitucional de “autonomía funcional” de la Auditoría General de la Nación y busca restringir la tarea de control del organismo para atarlo aún más al dominio del oficialismo legislativo.
La AGN es uno de los pocos órganos de control con cierta independencia que el oficialismo -según la oposición- pretende limitar, por lo que el proyecto fue conjuntamente rechazado por la UCR, ARI, el peronismo no kirchnerista, PRO, el socialismo, la CTA, y varias organizaciones no gubernamentales.
En este sentido, se llevo a cabo una audiencia pública el pasado Miércoles en la que la oposición y organizaciones no gubernamentales rechazaron el proyecto oficial, y viendo lo que se venia el kirchnerismo decidió frenar el debate. Los legisladores opositores comparan el plan oficial con la discutida reforma del Consejo de la Magistratura y si se lo ponen a pensar un poquito, se daran cuenta que muy errados no están.
Tras este gran rechazo el kirchnerismo decidió en la noche del miércoles dejar en suspenso la discusión de la polémica iniciativa para modificar ese organismo de control clave del Estado, y de esta manera "enfriar" un nuevo escenario de fricción con la oposición en plena campaña electoral.
Quizás si estaríamos en otra época ya se estaría hablando de los que quieren un país para pocos y los que no, del viejo modelo, y bla bla bla, pero no da... esto podría suponer restar algunos votos para la reelección...
"Se hizo un gran escándalo mediático y los sectores de la oposición salen al ataque. En estas condiciones, sin diálogo sereno, la ley no se va a tocar", puntualizó el diputado kirchnerista Oscar Lamberto, uno de los firmantes del proyecto, tras reunirse con el presidente de la Cámara, Alberto Balestrini.
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El Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH) y el Centro Nelson Mandela de Chaco denunciaron el lunes un "genocidio étnico" contra de comunidades toba del Impenetrable, donde hay víctimas de desnutrición grado 3, chagas, tuberculosis y escabiosis entre otros males.
El Centro Nelson Mandela presentó el caso en diciembre de 2006 ante la Secretaría de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo nacionales, aunque el principal destinario de los reclamos es el ministro de Salud provincial, Ricardo Mayol.
Este funcionario al ser consultado sostuvo que el 80% de la provincia recibe atención del sistema sanitario, pero muchas comunidades indígenas rechazan la medicina tradicional, que las autoridades "no pueden imponer".
Más allá de lo tentador que puede sonar creer en las palabras del ministro (para pensar que efectivamente los culpables son los propios pobladores por no dejarse "ayudar") la semana pasada, el IDACH y el organismo de derechos humanos intentaron, sin suerte, que autoridades nacionales vieran a seis adultos toba que accedieron a ser llevados especialmente a Resistencia y cuya salud aseguraban que era desesperante.
Por ejemplo, una de las mujeres fue Mabel Pino Fernández, de 45 años, con 26 kilogramos de peso y residente en el El Espinillo, una comunidad cercana a Villa Río Bermejito, a 350 kilometros de Resistencia.
Bashe Nuhem, comunicadora toba de la Red de Comunicación Indígena (RCI), dijo: "Lo más indignante es que los centros de salud no nos atienden porque somos indígenas y nadie llega a nuestros lugares, estamos totalmente abandonados".
Y siguió tratando de concientizar: "no hay en todo el país casos de esta magnitud", y esto lo atribuyó a que "se vendieron todas las tierras. Ellos no pueden sembrar, les quitaron las hectáreas de tierra, así que apenas tienen espacio para vivir aunque en realidad se van muriendo de hambre".
Rolando Nuñez, titular del Centro Mandela, hizo hincapié en el caso de otra mujer que, tras conseguir que un hospital la aceptara, le detectaron "diabetes derivada de la desnutrición, algo que no existe en Argentina, sólo en Africa o Asia se ve algo así", y no dudó en definir la situación como un "desastre sociosanitario", porque se trata de enfermedades de la pobreza, y remarcó que el sistema sanitario "no los contiene, no los rescata, porque excluye a los indígenas".
Mientras esto ocurre, senadores nacionales siguen durmiendo la siesta y estiran los tiempos para tratar el proyecto de ley de bosques nativos. Como bien demostramos en Está en vos con el correr de los programas, la falta de políticas relacionadas a los pobladores originarios de nuestro país llega hasta éstos límites. Personas echadas de sus tierras no sólo se quedan sin lo que naturalmente es suyo, sino que también (y esto con todas las letras) son SENTENCIADOS A MORIR, sufriendo los males propios de las zonas más pobres del planeta. ESTOS SENADORES, MIENTRAS, SIGUEN COBRANDO LAS SUMAS QUE TODOS SABEMOS QUE COBRAN, mientras el pueblo que deben representar y al que deben servir muere de hambre.
Posteo de Santi Grandi & Lucas García.
